Franquicia donpiso: "España puede transformar su modelo de vivienda en 10 años si deja de politizarla"

La compañía propone liberar suelo público y ponerlo al servicio del sector privado bajo regulación, agilizar licencias y trámites urbanísticos, facilitar los cambios de uso de locales a viviendas e introducir incentivos fiscales y seguridad jurídica para el propietario.

La carga impositiva que soporta actualmente la vivienda de nueva construcción alcanza hasta un 40% del precio final de un inmueble de nueva construcción. Mientras tanto, el parque de vivienda social en sigue sin alcanzar siquiera el 3%.

Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso: "No tiene sentido que los trámites administrativos duren hasta cinco años cuando construir un edificio requiere apenas uno. El sector público es lento e ineficaz".

"El mercado inmobiliario español no tiene un problema técnico, sino político. Tampoco tiene un problema de suelo, sino de permisos, de trabas burocráticas y de ineficacia". Así lo defiende la red inmobiliaria nacional donpiso, que asegura que las administraciones conocen perfectamente tanto el origen de la crisis de vivienda como las soluciones necesarias para resolverla, pero no las ejecutan por intereses partidistas o estrategias cortoplacistas. La compañía lamenta que en España "se hable más de los problemas que de las soluciones" en un momento especialmente delicado para el acceso a la vivienda, marcado por la falta de oferta y la creciente presión sobre los precios que atenaza a la sociedad y, especialmente, a los jóvenes.

"España sabe perfectamente cómo resolver el problema de la vivienda. Si se libera suelo, se eliminan trabas burocráticas, se agilizan licencias y se revisa la fiscalidad, en diez años podríamos ver una transformación profunda del modelo residencial español", afirma Emiliano Bermúdez, subdirector general de franquicia donpiso. "El problema es que durante demasiado tiempo la vivienda se ha utilizado como herramienta de relato político. Mientras tanto, el parque de vivienda social en España sigue sin alcanzar siquiera el 3% del total", añade el experto.

La compañía subraya que el principal cuello de botella se encuentra en la lentitud administrativa y urbanística. "Modificar un Plan General de Ordenación Urbanística lleva a la clase política hasta diez años", lamentan. Los plazos desde la calificación de suelo finalista hasta la entrega efectiva de las viviendas también son elevados: pueden transcurrir hasta cinco años.

Según donpiso, franquicia de inmobiliarias, el desequilibrio del mercado sigue aumentando año tras año. Actualmente, en España se crean alrededor de 120.000 nuevos hogares anualmente, mientras que la oferta residencial apenas crece en unas 90.000 viviendas, lo que genera un déficit adicional cercano a las 30.000 unidades cada año, que engrosan un déficit de vivienda superior a las 800.000 unidades con una demografía que aporta más de 3.500.000 de nuevos ciudadanos en los últimos años. Pese a ello, la inmobiliaria insiste en que todavía existe margen para revertir la situación y lograr cambios estructurales profundos en el modelo residencial español durante la próxima década si se aplican medidas orientadas a aumentar la oferta.

Además, las licencias de construcción y los permisos continúan acumulando retrasos que dificultan todavía más el desarrollo de nueva vivienda. "No tiene sentido que los trámites administrativos duren años cuando construir un edificio requiere apenas uno", señalan desde la firma. Para aliviar la tensión del mercado, donpiso propone liberar suelo público y ponerlo al servicio del sector privado bajo regulación, agilizar licencias y trámites urbanísticos, facilitar los cambios de uso de locales a viviendas e introducir incentivos fiscales para propietarios. "El sector público es lento e ineficaz" y "la inseguridad jurídica no favorece la creación de oferta, sobre todo en un mercado de alquiler cada vez más tensionado", subrayan desde donpiso.

La compañía también reclama revisar la elevada carga impositiva que soporta actualmente la vivienda, ya que entre un 30% y un 40% del precio final de un inmueble de nueva construcción corresponde a impuestos. A ello se suman otros factores que continúan limitando la oferta, como la falta de mano de obra cualificada, el encarecimiento de los materiales y la debilidad estructural que todavía arrastra el sector de la construcción desde la crisis de 2008.